La agricultura fue la actividad económica principal durante todo el siglo XIX. Al finalizar el mismo, las dos terceras partes de la población activa todavía trabajaban en el campo.
La agricultura generaba más de la mitad de la renta nacional y los productos agrícolas eran predominantes en las exportaciones. La cuestión fundamental en relación con la agricultura tiene que ver con las desamortizaciones, ya que afectaron a la quinta parte de todo el territorio nacional y a la mitad de la tierra cultivable. Por desamortización se entiende la expropiación por parte del Estado de las tierras eclesiásticas y municipales para su posterior venta en subastas públicas. Hubo precedentes a finales del siglo XVIII, pero el verdadero proceso desamortizador se produjo en dos fases del siglo XX: la desamortización eclesiástica de Mendizábal y la de Madoz, más vinculada a las propiedades municipales.
Disueltas las órdenes religiosas no dedicadas a la enseñanza o al cuidado de enfermos se declararon sus bienes como nacionales y se vendieron en pública subasta. Los objetivos de esta primera desamortización tuvieron que ver con la necesidad de sanear la maltrecha Hacienda, financiar la guerra carlista y convertir a los nuevos propietarios en adeptos a la causa liberal. Primó la finalidad fiscal sobre la de reforma social y se desaprovechó la oportunidad de repartir las tierras entre los campesinos y completar una verdadera reforma agraria.
La desamortización de Madoz incluyó tierras de la Iglesia aún no vendidas, pero la parte más importante fue la de las de propiedad municipal. Además de desamortizar para pagar la deuda pública se quería usar el capital obtenido para desarrollar infraestructuras, especialmente para financiar la red de ferrocarriles.
La opinión tradicional dice que las desamortizaciones acentuaron la estructura latifundista de la propiedad, pero no hay suficientes datos para seguir afirmando esto. Cabe suponer que al ser ventas en subasta fueron compradas por compradores con dinero y no por campesinos pobres, pero eso no significa que fueran tan poco numerosos, por lo que no tendría que haberse extendido más la estructura latifundista. A lo sumo hubo cambio de propietarios, aunque sí aumentó la superficie cultivada.
La agricultura española se caracterizó por unos bajos rendimientos. Siguió predominando la trilogía mediterránea -trigo, vid y olivo- aunque aumentó el cultivo de leguminosas. Las desamortizaciones no posibilitaron que se produjera un aumento de la producción agrícola. El crecimiento de esta producción fue muy lento durante el siglo XIX, y no se evitaron las crisis de subsistencias. Estaríamos ante una agricultura que no vivió la revolución agrícola.
El estancamiento agrícola fue fruto de la protección arancelaria. Los aranceles del trigo se mantuvieron altos para proteger al sector. Al no tener que competir, esta agricultura proporcionaba beneficios a los grandes propietarios a pesar de los bajos rendimientos. Las tierras se infrautilizaron. En todo caso, si hubo un sector mucho más productivo: el hortofrutícola mediterráneo, pero representó un pequeño porcentaje del total.
En conclusión, España no vivió una revolución en la agricultura y, por tanto, tampoco industrial. Los excedentes agrícolas fueron insuficientes para garantizar crecimiento demográfico; en consecuencia, se produjeron frecuentes hambrunas, al igual que en el pasado. La demanda campesina de bienes industriales fue muy reducida, tanto de bienes de consumo como de producción. Y, por fin, la transferencia de población de la agricultura a la industria no constituyó un verdadero éxodo rural. No había presión demográfica sobre el campo y el escaso desarrollo industrial no demandó mano de obra.
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