En la España del siglo XIX, las clases son abiertas, y podría haber ascenso o descenso social: la llamada movilidad vertical, aunque todavía muy limitada.
La Revolución liberal-burguesa supuso la transformación de una sociedad estamental en una de clases. La sociedad no se dividiría ya en estamentos cerrados y definidos jurídicamente. Se estableció el principio de igualdad ante la ley. El criterio definidor de la división social sería el económico: clases alta, media o baja; o el papel desempeñado en el proceso de producción: burguesía y proletariado o clase obrera.
Las clases son abiertas, y podría haber ascenso o descenso social: la llamada movilidad vertical, aunque muy limitada en la España del siglo XIX. La pertenencia a una clase venía determinada por los cambios en la situación económica del individuo y no por decisiones ajenas a él, como la concesión de un título de nobleza, por ejemplo.
La clase dominante estuvo formada por la alta nobleza que conservaba sus títulos, aunque no los privilegios feudales. Los nobles terminaron por integrarse perfectamente en la nueva clase dirigente. Aquellos que poseían señoríos salieron favorecidos al apropiarse de los mismos y convertir sus antiguos mayorazgos en propiedades privadas. La alta burguesía emergió al beneficiarse de la compra de tierras desamortizadas y por sus inversiones financieras. Así pues, se conformó una oligarquía terrateniente, financiera e industrial. Era la clase dirigente en el nuevo Estado, base del poder de los conservadores y reacia a la democratización del sistema político.
Las clases medias conformaron un grupo heterogéneo formado por la pequeña burguesía de comerciantes, pequeños empresarios, funcionarios y profesionales liberales. En comparación con los países de Europa occidental, esta burguesía, a pesar de ser muy activa, fue débil.
El campesinado siguió siendo el grupo mayoritario. En el sur abundaban los jornaleros, que fueron los grandes sacrificados de las reformas liberales que no les reconocieron derecho alguno sobre tierras señoriales ni comunales. Tampoco pudieron comprar las tierras desamortizadas. En el centro y norte peninsulares abundaron los pequeños propietarios de tierra.
El proletariado urbano era una clase en aumento y nutrida por el incipiente éxodo rural y por los antiguos artesanos de talleres gremiales abolidos por el liberalismo. Comenzaron a tener peso en las zonas de mayor industrialización.
No debe olvidarse, tampoco, el alto número de personas que trabajaban en el servicio doméstico. La frontera que separaba a las clases humildes de los grupos sociales excluidos o marginados no es fácil de trazar en el siglo XIX. Podemos establecer algunas categorías, pero con reservas, porque muchas personas con trabajo vivían en situaciones muy calamitosas.
En primer lugar, estarían los denominados «pobres naturales» o «pobres de solemnidad». En el sur de España fueron numerosos, y había más mujeres que hombres. Eran los mendigos a las puertas de las Iglesias, los expósitos de las inclusas, los huérfanos de los hospicios, viudas que no recibían pensión alguna y en muchos casos con hijos a su cargo, ancianos abandonados, enfermos crónicos y personas con algún tipo de minusvalía física o psíquica sin atención o muy mal atendidos en los hospitales.
Otro amplio grupo era el conocido como el de los «vagos», «vagabundos» o «maleantes». La línea de separación con el anterior grupo no es fácil, ya que algunos mendigos podían delinquir para poder sobrevivir. En este grupo se podía incluir al amplio número de alcohólicos que había en España, fruto de la extrema dureza de la vida en un país donde el alcohol siempre ha tenido una gran aceptación social, y cuya adicción les impedía encontrar trabajo. Las autoridades incluían en este amplio grupo a los gitanos, y lo venían haciendo especialmente desde los tiempos del despotismo ilustrado. Los gitanos eran considerados vagabundos, es decir, sin domicilio fijo, algo que el poder no toleraba, y delincuentes. Fueron perseguidos constantemente y nunca se llegó a plantear una política de integración. Los homosexuales y prostitutas también eran considerados maleantes y eran perseguidos, aunque con la prostitución siempre hubo una doble moral. Por fin, habría que mencionar a la población reclusa, los presidiarios.
La inexistencia de un Estado del Bienestar dejaba a su suerte a muchos españoles que podían quedarse sin empleo, enfermar gravemente, sufrir accidentes laborales o llegar a una edad en la que ya no se podía trabajar.
Tradicionalmente, la Iglesia había sido la institución que más atención prestaba a los necesitados de todo tipo, aunque, desde los tiempos del despotismo ilustrado, el Estado fue adquiriendo cada vez más protagonismo en esta tarea motivado por una filosofía mayoritariamente utilitarista. Si la Iglesia practicaba la caridad a través de hospitales, distribuciones de alimentos («sopa boba») y limosna, el Estado quería convertir al mayor número posible de pobres, vagabundos y excluidos en personas útiles, por lo que, además de encarcelar a los que delinquían, intentaba emplear al resto en obras públicas o reclutarlos en el Ejército.
También conviene destacar que durante el siglo XIX adquirieron importancia los establecimientos de beneficencia municipales. Por su parte, el movimiento obrero luchó por los derechos sociales y se crearon Sociedades de Socorros Mutuos. Habría que esperar a fines del XIX para que comenzara a pensarse en la necesidad de que el Estado interviniese en esta materia. La institución pionera sería la Comisión de Reformas Sociales (1883). Su secretario, Gumersindo de Azcárate, elaboró un exhaustivo cuestionario para que se realizase una investigación sobre la situación de las clases trabajadoras. Ya en el siglo XX se pondrían en marcha el Instituto de Reformas Sociales (1903) y el Instituto Nacional de Previsión (1908).
Por último, no cabe duda que en el siglo XIX la población urbana creció, y con el avance industrial y de los servicios comenzó a cambiar la composición de la población activa.
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