En España se intentó impulsar un proceso de revolución industrial con el objetivo de transformar la vieja estructura agraria en otra nueva industrial, pero el resultado final fue muy parcial.

En este intento de impulsar un proceso de revolución industrial, Cataluña fue la única región que se industrializó a partir de capital autóctono con empresas de tamaño medio. El sector más dinámico fue el algodonero gracias a la posición de ventaja de la que se partía por la buena situación en el siglo anterior. Es de destacar la iniciativa empresarial de una burguesía que supo modernizar sus industrias con nuevas máquinas y técnicas. La protección arancelaria fue fundamental, pues permitió después de la pérdida del mercado colonial orientarse hacia el mercado nacional sin sufrir la competencia inglesa.

Por su parte, el desarrollo de la siderurgia no fue tan importante al no contar España con grandes yacimientos de hierro, ni con carbón de coque. Además, la demanda de los productos siderúrgicos no fue suficiente para rentabilizar las elevadas inversiones iniciales. El desarrollo accidentado de esta industria explica los cambios de localización de la misma durante el siglo XIX.

Existe una etapa andaluza hasta los años sesenta en torno a Málaga sobre la explotación de hierro de la zona, pero como no había carbón mineral se usaba el vegetal más caro. Su apogeo se relaciona con las guerras carlistas que impedían la explotación en el norte. Entre los años sesenta y ochenta se produce una etapa asturiana en torno a las cuencas carboníferas de Mieres y Langreo, pero no era carbón de gran calidad.

Por fin, llegaría la etapa vizcaína que inició un crecimiento sostenido desde la Restauración, con grandes empresas que se fusionaron en torno a 1902 para formar los Altos Hornos de Vizcaya. La clave del éxito estaba en el eje Bilbao-Cardiff. Bilbao exportaba hierro y compraba el carbón galés, más caro, pero de gran calidad, más rentable que el asturiano.

España era rica en reservas de hierro, plomo, cobre, mercurio y cinc, y contaba con la ventaja de que los yacimientos estaban cerca de las zonas portuarias, circunstancia que facilitaba el transporte. Pero la explotación de la riqueza minera solamente alcanzó su apogeo en el último cuarto de siglo, gracias a los cambios que se produjeron en esta cuestión a partir de 1868. En ese año se aprobó la Ley de Bases sobre minas, que simplificaba la adjudicación de concesiones y ofrecía seguridades a los concesionarios.

Pero, además, se produjo un gran incremento de la demanda internacional de productos mineros. En ese contexto, España se convirtió en exportadora de materias primas: plomo, mercurio, cobre y hierro, constituyendo un capítulo fundamental de su balanza comercial.

Las principales fuentes de energía usadas eran la fuerza humana, la de origen animal, la hidráulica y la eólica. El consumo de carbón creció desde mediados de siglo por la red de ferrocarriles, la navegación a vapor y la industrialización, pero España se encontraba en clara desventaja desde el punto de vista energético respecto a los países industrializados, porque el carbón español era escaso, de mala calidad y su extracción era muy costosa, por lo que se hacía necesario importarlo.